El Grupo de Derecho Mercantil ofrece dos lecciones magistrales sobre Propiedad Intelectual

• miércoles, 12 de noviembre de 2014
• 2. Formación

El Grupo de Derecho Mercantil del Colegio de Abogados analizó ayer los retos que impone la defensa de la Propiedad Intelectual con dos ponentes de excepción: el abogado especializado David Bravo y el asesor jurídico de la SGAE en Andalucía, José Miguel Alfonso Segura.

Alrededor de medio centenar de abogados participaron en la jornada dirigida por "dos primeras figuras" en una materia a la que los letrados "deberían prestar más atención". Así lo aseguró el presidente del Grupo de Derecho Mercantil, Luis Miguel Fernández, que indicó que la de esta mañana ha sido una "oportunidad de oro" para profundizar en la materia con dos de los mayores expertos en Propiedad Intelectual.

En su ponencia, José Miguel Alfonso Segura analizó el papel y la razón de la existencia de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor, reflexionando sobre sus fundamentos, que descansan sobre todo en el ahorro de costes. Alfonso Segura indicó que sociedades como la SGAE reúnen a la práctica totalidad de los creadores, y explicó durante su ponencia las funciones de las entidades de gestión, los problemas de legitimación, el contexto internacional y el sistema de tarifas. También ofreció pinceladas sobre la Ley de Propiedad Intelectual y sus efectos sobre estas sociedades, que quedarán  supeditadas a la supervisión y fiscalización a través del Ministerio de Cultura.

Por su parte, el experto David Bravo repasó las accciones legales contra todos los actores en la Propiedad Intelectual: los usuarios, las páginas de enlaces y el software P2P y abordó el fracaso judicial para la industria de los contenidos y las consecuencias legislativas de la Ley Sinde, la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal.

Bravo indicó que, en su opinión, la única fórmula eficaz es bucar una ley integral y convalidar esas actividades con alguna remuneración, como fue el canon en su día. "La piratería no se puede parar y hay que buscar un sistema que palie los efectos de esa actividad", indicó, recordando que en España ahora mismo hay una "cruzada" para intentar controlar las obras intelectuales, que genera mucho conflicto judicial y trabajo pero que resulta poco eficaz. "Hay que dejar de judicializar el conflicto y convalidar estas actividades", concluyó.