El Colegio analiza la nueva regulación del recurso de casación y la implantación de la Administración con 'papel cero'

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El próximo 2 de octubre entrará en vigor la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, destinada a implantar las comunicaciones telemáticas entre los ciudadanos y la Administración. La magnitud del reto, que supondrá la extensión del 'papel cero' al conjunto de la administración pública, es colosal. De ahí que el Grupo Especializado en Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Granada haya decidido abordar en su primera jornada formativa las principales novedades de un texto que ya cuenta con numerosos detractores.

Para analizar en profundidad una ley que aspira a que en el año 2020 la administración española sea plenamente digital, el Grupo Especializado en Derecho Administrativo contó con dos expertos de renombre. Por un lado, el magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Eduardo Calvo Rojas, ha analizado en su conferencia la regulación del nuevo recurso de casación, una cuestión de gran importancia en el día a día del ejercicio profesional.

El letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, José Luis Martín Moreno, fue el encargado de abordar de forma general los aspectos constitucionales del procedimiento administrativo común, su afectación autonómica, así como el impacto de la nueva normativa para la digitalización de las comunicaciones con la administración, una iniciativa que se irá implantando progresivamente y que tiene la intención de convertirse en la locomotora que suba a la sociedad española al carro de las nuevas tecnologías.

En la jornada se puso de manifiesto la opinión de muchos juristas, que entienden que esta reforma del procedimiento ni era necesaria en los términos en que se ha planteado, ni ha solucionado los muchos problemas que los distintos operadores jurídicos han venido señalando prácticamente desde que su antecesora, la Ley 30/1992, entrara en vigor hace más de dos décadas. Además, se destacó que si no hay una dotación de medios importante, se verá comprometida su implantación en los plazos previstos en la norma.