El Grupo de Nuevas Tecnologías ofrece una completa jornada sobre ciberseguridad y prueba electrónica

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El Colegio de Abogados de Granada acogió el 14 de junio una intensa e interesante jornada sobre las ‘Obligaciones del abogado y la prueba informática’ organizada por el Grupo Especializado en Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Granada, en colaboración con la Comisión de Nuevas Tecnologías.

La actividad formativa, que se desarrolló durante la mañana y la tarde, en el Salón de Actos de la sede colegial de Santa Ana, arrancó a las 11:00 horas con la ponencia 'Ciberseguridad para abogados y RGPD', a cargo de Rafael Perales Cañete, letrado del Colegio de Córdoba, que estableció los puntos más polémicos e importantes de la actividad del abogado y el nuevo horizonte normativo que le afecta respecto al nuevo reglamento, generando numerosas preguntas de los asistentes acerca de la seguridad de sus equipos informáticos y las posibles sanciones a las que se enfrentarían por riesgos de seguridad. En este sentido, el experto destacó la frecuencia y habitualidad de los ciberataques a los despachos de abogados -incluso aunque los afectados no sean conscientes de los mismos- y recomendó la herramienta gratuita Veracrypt, que permite cifrar los discos duros y evitar el acceso indiscriminado de terceros. “Las medidas de protección antes estaban listadas y ahora se remiten a la lógica, lo que pasa por buscar un buen informático que garantice la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos, en función de los riesgos, del tipo de datos y del sistema que se utilice”, comentó el ponente, que recordó que “igual que los letrados pedimos a las personas que confíen en un abogado para los asuntos jurídicos, para los temas informáticos los despachos deben contratar a expertos”.

A continuación, Miguel Hermosa Espeso, vicedecano del Colegio de Palencia, abordó la temática ‘El abogado y la prueba informática', profundizando en las pautas generales sobre la obtención y tratamiento legal de la prueba electrónica, las diligencias de investigación tecnológica en el ámbito penal y la cooperación jurídica internacional en materia de prueba electrónica, a tenor de la normativa que ya se está fraguando en la Unión Europea, con la e-evidence, y la Cloud Act que se ha aprobado recientemente en Estados Unidos. “Nos tenemos que concienciar que esto no es el futuro, es el presente, y en un par de años, dentro del ámbito procesal, habrá siempre una prueba electrónica”, adelantó el experto, que puso como ejemplo las reclamaciones de los pasajeros en cuestiones de aviación aérea, donde los billetes ya no suelen ser en formato papel, sino electrónicos. Asimismo, Hermosa aportó numerosa jurisprudencia y recursos informáticos para poder desenvolverse el abogado sin necesidad de acudir a costosos procedimientos periciales.

Por la tarde, colegiados y ponentes retomaron la jornada a las 17:30 horas, con la intervención de Eduardo Sánchez Toril, ingeniero informático, hácker ético y fundador de HackandBeers, que habló sobre 'La investigación de los delitos a través de redes sociales', explicando de manera muy gráfica los datos personales existentes en la red, sin que la persona lo sepa, y cómo se pueden obtener fácilmente usuarios y contraseñas de páginas de acceso público, así como la localización mediante satélite e incluso fotos de tarjetas de crédito.

Por su parte, el notario Pedro José Maldonado Ortega relató los casos en que cabe la protocolización de la prueba en soporte informático, compartiendo con los presentes los elementos que necesita cualquier fedatario para poder realizar con suficientes garantías su actuación y, sobre todo, hasta dónde puede certificar y qué casos escapaban a su ámbito.

Bajo el título 'Validez judicial en el proceso judicial’, el quinto y último ponente, el letrado de la Administración de Justicia Jose Mª Casas Alvarez, permitió que los asistentes vieran ejemplos de actas de teléfonos móviles e incluso cómo se realizan volcados de discos duros y de páginas web, convirtiéndose en elementos imprescindibles para el abogado que debe acreditar unos hechos que han sucedido en un soporte informático o a través del mismo.

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