La segunda instancia penal entrará en funcionamiento en septiembre en Granada con un magistrado

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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó el 24 de julio, por unanimidad, informar favorablemente, “con carácter general”, del Proyecto de Orden Ministerial por el que se dispone la fecha de efectividad de una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid y del inicio de actividad de tres secciones de apelación penal para hacer efectiva la segunda instancia penal.

Ante este anuncio, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada muestra su satisfacción por la decisión del Pleno del CGPJ que posibilita que el 1 de septiembre se haga efectiva una plaza de magistrado de las dos secciones de apelación penal del TSJA y por que dicha dotación tenga lugar en Granada, capital judicial de la comunidad autónoma, una de las principales reivindicaciones de la Abogacía granadina.

“Nos congratula que, finalmente y pese a los planteamientos iniciales, las reivindicaciones expresadas por el Colegio de Abogados, tanto en forma de manifestaciones, como de reuniones institucionales con las autoridades competentes, hayan dado sus frutos, logrando que Granada sea la provincia que acoja estos nuevos órganos judiciales que nos corresponden por ley, por tradición y por antigüedad”, comenta el decano de la Corporación, Eduardo Torres, aunque añade que “la Abogacía granadina se mantendrá alerta para que el resto de plazas de las dos secciones de apelación penal se mantengan también en la ciudad y no se desplacen a otros puntos de la región sin que concurran razones objetivas de eficacia y eficiencia jurídica para ello”.

Cabe recordar que, en abril de 2017, tras la promulgación del Real Decreto 229/2017 que creaba la segunda instancia penal, la Sala de Gobierno del TSJA acordó proponer que se desplazaran las dos secciones andaluzas a las ciudades de Sevilla y Málaga, lo que motivó el rechazo por parte de la sociedad granadina, celebrándose dos multitudinarias manifestaciones en mayo de ese mismo año contra lo que el colectivo jurídico de la provincia consideró un “agravio” para la provincia y constituyéndose una comisión interinstitucional encargada de mantener encuentros con el CGPJ y el Ministerio de Justicia, conformada por el  Colegio de Abogados de Granada, el Ayuntamiento de la ciudad, el Consejo Consultivo, la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada, la Diputación, el Consejo Social y Económico de Granada, el Colegio de Procuradores y el Sindicato Profesional de Justicia de Granada.

No obstante, pese a la valoración positiva sobre el reciente anuncio del CGPJ, la Abogacía granadina comparte la demanda del Poder Judicial acerca de la necesidad de dotar con carácter inmediato la totalidad de las plazas, instando a la Administración a que también ponga en funcionamiento las cinco plazas de magistrados restantes previstas para el TSJA (las dos que faltan en la primera sección y las tres asignadas a la segunda) “en aras de una mayor agilidad y eficiencia de la Justicia”.

“Estas secciones abordan los recursos de ocho Audiencias Provinciales, compuestas por 26 Secciones Penales, por lo que es imprescindible contar con la cobertura total de las 6 plazas para que la segunda instancia penal en Andalucía pueda hacer frente a la carga de trabajo existente y futura”, destaca Torres. Solo en lo que va de año, el volumen de entrada de recursos contra sentencias de las Audiencias Provinciales se ha multiplicado por diez respecto al año anterior.

“Si bien la puesta en funcionamiento de una sola plaza de magistrado lo es en igualdad con lo dispuesto para los Tribunales de Cataluña y de Madrid, supone en términos relativos una evidente situación de discriminación que además no tiene fácil justificación, puesto que la reducción en este caso no es de dos plazas, sino de cinco de las plazas creadas y necesarias”, recoge el informe emitido por el Pleno del CGPJ.

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