El Colegio acoge la presentación de ‘Desamparo constitucional y judicial en España’, de Martín Moreno

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El Colegio de Abogados de Granada ha sido el escenario elegido por José Luis Martín Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, para presentar su libro ‘Desamparo constitucional y judicial en España’ (Tirant lo Blanch), un acto divulgativo organizado en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de Derecho de la Universidad de Granada que contó, en la tarde del 13 de febrero, con una excelente asistencia de público.

El decano, Leandro Cabrera, fue el encargado de inaugurar la actividad, destacando “el saber enciclopédico jurídico” del autor, al que dio la bienvenida y agradeció su constante colaboración con la institución. “El libro es un profundo, detallado y brillante trabajo de análisis doctrinal y jurisprudencial que va a ser una herramienta magnífica para los abogados para conseguir el éxito en la ardua tarea de interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso de casación y el incidente de nulidad de actuaciones”, comentó el presidente del Grupo Especializado en Derecho Administrativo de la Corporación, Jorge Palomino. “Se trata de una obra jurídica que da una información muy completa, minuciosa y con una buena sistemática sobre un problema grave”, añadió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, encargado de introducir el libro.

El punto de partida de la obra es la modificación, en 2007, de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dio lugar a una profunda reforma de los sistemas de tutela de Derechos Fundamentales, justificada, en parte, por la alta litigiosidad registrada en España y, concretamente, en el TC, con más de 10.000 demandas de amparo. Sin embargo, como explicó el autor, aunque “estaba claro que había que reformar la legislación y, o bien dotar de más medios al Tribunal, o evitar que llegasen tantos miles de recursos de amparo, ha sido un profundo fracaso desde mi punto de vista”.

A partir de esta valoración, Martín Moreno desgrana en ‘Desamparo constitucional y judicial en España’ los problemas que presenta la actual configuración del recurso de amparo y del incidente de nulidad de actuaciones a partir de 2007. “La ocurrencia del legislador fue añadir un trámite, un filtro, en la fase de admisión, exigiendo que los recurrentes prueben, no solo que se han visto lesionados sus derechos fundamentales, sino que acrediten también que esa lesión tiene “especial trascendencia constitucional”, lo que se ha traducido en una objetivación total del recurso de amparo “hasta un extremo inconcebible”. “El Derecho Constitucional es muy difícil y el articular un recurso de amparo es especialmente complicado hoy día, pues depende más de la voluntad del tribunal; es un sistema discrecional, más asemejado al modelo anglosajón que a nuestra cultura es de tutela subjetiva de los Derechos Fundamentales”, criticó el experto.

Asimismo, el libro también evalúa la herramienta del incidente de nulidad de actuaciones para compensar esa disminución del amparo constitucional, un instrumento que Martín Moreno calificó como “absolutamente inútil”, como evidencian los datos del Tribunal Constitucional una década después de la reforma. “Según la última memoria del Tribunal Constitucional, se siguen ingresando casi 6.000 recursos y, por tanto, no se ha conseguido el efecto perseguido”, aseguró el autor, que lamentó que, con esta decisión del legislador, “se ganó bien poco y se perdió mucho”, llegando a agravar la posición de los justiciados.

Para evitar esto último, Martín Moreno repasó las pautas recopiladas en el libro que ayudarán a los letrados a acceder a la jurisdicción constitucional de amparo sin acabar en la inadmisión, concluyendo su intervención con algunas propuestas plausibles para reconfigurar el sistema de forma eficaz, como designar salas especiales en el Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, conseguir que los procedimientos respondan a los principios de preferencia y sumariedad que establece la Constitución, o crear órganos especializados en el seno de la Administración Pública para reparar esos derechos antes de que lleguen a los tribunales. “Hay reformas que hacer, hay que generar ilusión, porque los abogados siguen llevando sus recursos al Tribunal Constitucional, porque la persona que ha visto lesionados sus Derechos Fundamentales va a pedir que se le resarza”, concluyó el investigador.   

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