La Junta General Ordinaria da 'luz verde' a las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto de 2018

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El Colegio de Abogados de Granada, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el pasado 4 de marzo, celebró en la mañana del 28 de marzo una nueva Junta General Ordinaria en la que las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2018 fueron sometidas a votación, resultando aprobadas por 24 fotos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones.

La sesión, presidida por el decano del Colegio, Leandro Cabrera, acompañado por los miembros de la Junta de Gobierno, ha sido la primera protagonizada por la nueva Junta de Gobierno tras su toma de posesión el pasado 28 de diciembre y su desarrollo resultó más ágil que en ediciones anteriores, pues el equipo gestor envío con antelación el acta de la sesión precedente –que fue aprobada- y la memoria de actividades de 2018, por lo que no fue necesario la lectura de dichos documentos.  

El tesorero, José Miguel Zurita, comenzó su exposición sobre las cuentas anuales y liquidación del presupuesto invitando a mantener, durante el transcurso de su mandato, una comunicación y diálogo fluido con los compañeros que estén interesados en ello, pasando a continuación a pormenorizar los asuntos más relevantes de la gestión económica del Colegio durante el pasado año, especialmente los relativos al proyecto de renovación electrónica de la Corporación, la liquidación de la sociedad ICAGR Servicios o los importes abonados por la Junta en materia de Asistencia Jurídica Gratuita, que ascendieron en 2018 a 4.376.890,07 euros, un 20% más que en 2017, como consecuencia del aumento de los baremos y el mayor número de asuntos justificados. “Eso no quiere decir que no sigamos con las reivindicaciones que consideramos justas, como son el aumento del baremo, la inclusión de otros tipos de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales y el incremento del número de colegiados de guardia”, puntualizó Zurita.

Las cuentas colegiales, según el informe de auditoría, “expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Colegio a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha”. En términos generales, las cuentas contemplan un saldo negativo del ejercicio de 38.537,88 euros, que se compensarán con el fondo social acumulado, y una desviación presupuestaria del -0,53%, según indicó Zurita. Respecto a la liquidación del presupuesto, en el apartado de ingresos, de los 7.289.282,92 euros previstos en el presupuesto de 2018 se lograron 7.889.853,58 euros, un 108,24%; en cuanto a los gastos, el importe final ejecutado en el pasado ejercicio ascendió a 7.867.022,11 euros, un 107,93% más de la previsión inicial.

Junto a los hechos más relevantes de 2018 (como la inauguración de la sede de Motril, el hermanamiento con el Colegio de Melilla, la entrega al anterior decano de la Cruz de San Raimundo de Peñafort o las reivindicaciones por la dignificación de la profesión y la mejora del Turno de Oficio y AJG), el máximo representante de la Abogacía granadina no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir con la Junta General Ordinaria los hitos más importantes de los primeros 90 días de mandato de la nueva Junta de Gobierno, como los convenios suscritos con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, la Orquesta Ciudad de Granada y diversas entidades financieras; la modificación del acuerdo de conciliación familiar, por el que se eximía del pago de las cuotas colegiales a las madres durante los cuatro meses siguientes al parto, ampliándose también ahora a los padres; la creación de la figura del Diputado de Guardia, para atender las urgencias que surjan fuera del horario habitual del Colegio; la puesta en marcha de un buzón de sugerencias específico de Asistencia Jurídica Gratuita; la implantación de la retransmisión en streaming de las jornadas formativas; la renovación de los equipos wifi e informáticos en las delegaciones de Santa Fe y Loja; o el desarrollo de numerosas reuniones institucionales con autoridades políticas, jurídicas y sociales de la provincia. Asimismo, Cabrera adelantó que, debido a la rescisión del contrato del servicio de cafetería, la Junta de Gobierno plantea la remodelación de ese espacio para crear despachos en los que los colegiados puedan atender a los clientes.

Mención especial mereció el proyecto de sede electrónica del Colegio, punto tercero del orden del día. “Queremos comprometernos públicamente que esto se va a hacer en este año, que hay una partida importante para ello y que el objetivo es que la nueva sede electrónica garantice la autenticidad de las comunicaciones entre el Colegio y los colegiados y viceversa”, apuntó Cabera, que también quiso agradecer públicamente a Juan Barcelona su interés en este tema y disculparse por unas declaraciones del decano publicadas en un medio de comunicación con motivo de los recursos del colegiado respecto al proceso electoral. “Ese apretarte, hace que te vayas moviendo y eso ha desembocado en la sede electrónica”, comentó el decano.  

El acto concluyó con los ruegos y preguntas de los colegiados, planteando, entre otros temas, la necesidad de dignificar el turno de oficio y reclamar el pago del último trimestre de 2018, aún pendiente; las cuotas colegiales y el seguro de responsabilidad civil o la implantación de medidas que mejoren la transparencia en las comunicaciones.