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Presentada por el Colegio la reclamación de responsabilidad patrimonial por la Orden de AJG de 2012

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Solicita la devolución del 10% del baremo retraído a más de 1.250 letrados desde 2012 a 2017 en virtud de una orden que el TSJA ha declarado nula

La Corporación, como institución, también va a reclamar una indemnización por la reducción de 108.907 euros en los gastos de gestión


El Colegio de Abogados de Granada, como acordó en Junta de Gobierno de 7 de mayo, ha presentado de forma presencial y telemática una reclamación conjunta de responsabilidad patrimonial con fecha 8 de mayo -que puede consultarse aquí- ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía por los importes que 1.252 letrados de la provincia dejaron de cobrar tras la publicación de la Orden 17 de septiembre de 2012, que aplicó una reducción de un 10% lineal en los módulos y bases de compensación económica del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

Esta decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia del 12 de diciembre de 2016 y en respuesta al recurso contencioso administrativo 1390/2012 interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, declarara nula dicha Orden, abriendo la puerta a ejercer acciones de responsabilidad patrimonial en base a la resolución anulatoria del Alto Tribunal en el plazo de un año desde la notificación de la sentencia definitiva, que aún no se ha publicado en el BOE. 

“El TSJA ha dado la razón al colectivo profesional y creemos que es nuestro deber solicitar al Gobierno autonómico que resarza a los abogados del Turno de Oficio y Asistencia Letrada con esos importes que dejaron de percibir por una orden que ha sido anulada por la Justicia”, explica el decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, que añade que esta medida no evita que la Abogacía granadina continúe reivindicando a la Administración una dignificación del servicio de Justicia Gratuita. “No es de recibo que un letrado que está garantizando un derecho constitucional como la tutela judicial efectiva cobre poco más de 130 euros por un expediente que puede prolongarse durante meses”, añade Cabrera.

En total, el importe por los daños y perjuicios ocasionados reclamado por la Corporación profesional asciende a 1.960.786,21 euros, representando esa reducción aplicada por la Orden a los servicios de Turno de Oficio y Asistencia Letrada prestados por 1.252 letrados adscritos al colectivo desde el cuarto trimestre de 2012 hasta 2017, teniendo en cuenta que, en este último año, el baremo se recuperó en un 5% y, a partir de 2018, en el 10%.

Asimismo, el Colegio de Abogados, como institución, también va a presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial por valor de 108.907,38 euros proveniente de los gastos de infraestructuras que la Junta abona a los colegios y consejos por la gestión del servicio y que, en base a la citada orden anulada, la Corporación profesional ha dejado de percibir durante ese periodo. 

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha acordado reclamar al CADECA a que inste la ejecución de la sentencia ante el TSJA, solicitarle el dictamen elaborado por un Catedrático de Derecho Administrativo en torno a este asunto que mencionó el Consejo andaluz en un comunicado y mostrarle el malestar de la Abogacía granadina por la falta de información transmitida a los Colegios y la inacción ante esta situación. Del mismo modo, el Colegio granadino va a solicitar una reunión urgente con el delegado de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Pública, Gustavo A. Rodríguez.

Junto a esto, la Abogacía granadina ha facilitado a cada uno de los letrados afectados la liquidación personal que le corresponde, para aquellos colegiados que decidan presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma individual ante la Administración andaluza.