El Colegio compele a las autoridades a garantizar los derechos de los vecinos de la Zona Norte

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La Corporación recuerda que una dejación en la obligación de protección de la salud pública por parte de las autoridades puede vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos


El Grupo Especializado en Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Granada se ha reunido con ciudadanos afectados por las interrupciones del suministro eléctrico en la Zona Norte de la ciudad para abordar la posible vulneración de los derechos fundamentales de estos vecinos a raíz de la alerta sanitaria emitida por la dirección del centro de salud de Cartuja.

En este sentido, la Abogacía granadina, entre cuyos fines estatutarios se encuentra la defensa del Estado social y democrático de Derecho y la promoción y defensa de los Derechos Humanos, va a realizar gestiones oportunas ante las autoridades competentes en la materia, instándoles a aplicar las medidas necesarias para cumplir con la legislación vigente y garantizar un servicio esencial recogido en la Constitución Española, como es la protección de la salud pública por parte de los poderes públicos, sin perjuicio de las acciones legales que cada afectado decida interponer individualmente, según explicó la Junta Directiva del Grupo de Derechos Humanos.

Cabe recordar que, como recogía el documento del centro de salud de Cartuja, además del perjuicio económico que esta situación provoca en los negocios y los problemas de funcionamiento para colegios o centros sanitarios, los continuos cortes de luz que afectan a los barrios de Almanjáyar, Rey Badís, La Paz y Cartuja dan lugar a graves problemas para la salud originados por la interrupción en tratamientos imprescindibles para la vida de personas con enfermedades crónicas, como es el caso de la administración de oxígeno medicinal; la falta de refrigeración de medicaciones que la necesitan, como ocurre con la insulina; los efectos perjudiciales para el estado físico y mental de los vecinos (asma, artritis, reumatismo, depresión, ansiedad…) generados por las bajas temperaturas, el moho y las humedades de las viviendas durante el invierno, con especial impacto en los mayores de 60 años; el mayor riesgo de accidentes domésticos; el aislamiento de las personas con movilidad reducida; o la interferencia en actividades domésticas básicas como la higiene personal, el cocinado de alimentos o la adecuada climatización de los hogares. De hecho, estos cortes de luz que llevan años padeciendo los habitantes de este distrito fueron el principal motivo de las quejas presentadas por los granadinos ante el Defensor del Ciudadano, según el informe anual de 2018 del organismo, que califica la situación de “emergencia social insostenible”.

Tras el encuentro, la agrupación y los vecinos afectados acordaron reunirse el siguiente miércoles para analizar la documentación existente y valorar las posibles acciones legales contra las entidades públicas y privadas que pueden poner en marcha para solventar esta situación.

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