Una jornada formativa profundiza en los derechos laborales de las víctimas de Violencia de Género

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Según informe de la Fundación Adecco, el 71% de las víctimas de Violencia de Género encuestadas señala el paro y las situaciones de precariedad laboral como principales frenos para denunciar y casi el 60% de las admiten que desconocen los derechos laborales de la Ley integral 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Sobre estos derechos laborales de la normativa versó la primera jornada organizada por el Grupo Especializado en Violencia de Género del Colegio de Abogados de Granada tras el periodo estival, con el objetivo de que los letrados conozcan cuáles estos derechos en el ámbito del trabajo “en un momento en el que es muy difícil defender a las víctimas en los juzgados”, según aseguró la presidenta de la agrupación, Montserrat Linares, que también destacó la cifra de 42 mujeres asesinadas por la violencia machista en los que va de 2019, solo siete menos que en 2018.

Para arrojar luz a esta materia, bastante desconocida por los abogados, la jornada contó con las intervenciones de Idoia Pérez Aráiz, abogada y vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE y María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, siendo retransmitidas sus ponencias en streaming y para las distintas sedes del Colegio en la provincia.

Por su parte, Pérez Aráiz arrancó aportando algunos datos sobre la situación de la mujer en el mercado laboral. “No podemos olvidar que, a pesar del desarrollo normativo de los derechos de las mujeres y la adaptación de medidas positivas para la incorporación de la mujer en el mundo laboral en un plano de igualdad, hoy las mujeres siguen enfrentándose a situaciones discriminatorias en el mundo del trabajo”, afirmó la experta, que puntualizó que esta situación, unida a la violencia de género, “incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de las víctimas”. En este sentido, la letrada indicó a los asistentes cómo la Ley integral pretende proteger a estas mujeres en el plano laboral, explicando quiénes son consideradas víctimas de violencia de género, cómo acreditar esta condición y cuáles son los derechos laborales que les confiere la normativa, divididos en cinco grandes bloques de medidas: acomodación razonable de obligaciones laborales, justificación de ausencias o falta de puntualidad, protección reforzada ante el despido, fomento del empleo y prestaciones de la Seguridad Social.

Estas últimas, las prestaciones de la Seguridad Social fue el tema expuesto por Segoviano Astaburuaga, centrando su ponencia en un enfoque más procedimental sobre los derechos laborales de las víctimas de violencia de género, no sin antes realizar un análisis general de la Ley integral y sus objetivos, como primer paso para comprender su contenido. “Esta Ley es necesaria porque, por un lado, lo que trata de lograr es la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y, por otro, porque el número de víctimas acredita de manera objetiva que hay que tomar decisiones y adoptar medidas”, comentó la magistrada.

Puede ver el vídeo de la jornada en este enlace.

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