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La Junta de Gobierno recibe al director general de Justicia para tratar la situación del Turno de Oficio y las sedes

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Francisco Ontiveros invita a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados a trasladarle las preocupaciones y demandas del colectivo profesional


La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha recibido en la mañana del 29 de enero la visita del director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Francisco Ontiveros, y del delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Gustavo A. Rodríguez, para abordar las principales reivindicaciones del colectivo profesional.

“Quiero conocer de primera mano vuestras preocupaciones para poder adoptar soluciones adecuadas”, explicó el representante del Gobierno andaluz, una invitación que ha sido aceptada por el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, acompañado en el acto por el vicedecano, Antonio Mir; el secretario, Guillermo Padilla; y los diputados 2º, 3ª, 6ª y 8ª, Alfonso Labella, Concha Sánchez Salas, Mª Ángeles Méndez Cabezudo y Coral Vega.

De este modo, la Corporación profesional trasladron a los responsables autonómicos dos de sus principales demandas: la situación del Turno de Oficio y la mejora de las sedes judiciales de la ciudad.

En el primer aspecto, el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, resaltó la necesidad de que los gastos del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita sean sufragados íntegramente por la Junta de Andalucía, como responsable de este servicio que garantiza la tutela judicial efectiva. “Muchos colegiados que no están adscritos al turno se cuestionan por qué tienen que pagar con sus cuotas colegiales el Turno de Oficio”, explicó el responsable de la Corporación, que solicitó también a los representantes de la Junta una mejora del baremo y una mayor agilidad en los pagos.

En este sentido, Ontiveros detalló las diferentes líneas de actuación que ha iniciado la Consejería en este sentido. Entre ellas, incidió en la próxima aprobación de un decreto que incluye una subida -del 8% en 2020 y del 10% a partir de 2021- de los gastos de funcionamiento para los Colegios, de modo que el costo para las Corporaciones profesionales sea mínimo, así como la mejora de las guardias y la mayor rapidez en los pagos del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, pasando de los 60-65 días actuales a en torno a 45, pues se podrán abonar aquellas declaraciones que resulten conformes sin necesidad de esperar a la subsanación del resto de los expedientes pendientes.

El director general también adelantó que la Consejería va a acometer una profunda revisión de los módulos y bases del Turno de Oficio y Justicia Gratuita para conseguir un baremo con vocación de perdurabilidad. “El camino no hay que verlo a corto plazo y espero que los pasitos que vayamos dando se queden consolidados a lo largo de esta legislatura”, comentó Ontiveros. Preguntado por las reclamaciones de cantidad y patrimoniales presentadas por Colegio y colegiados con motivo de la nulidad por el TSJA de la Orden andaluza de 17 de septiembre de 2012, por la que se redujeron los módulos y bases, el responsable de Justicia avanzó que la idea de la Junta es emitir próximamente resoluciones expresas sobre estos escritos, un hecho que valoró positivamente el decano para poder conocer la argumentación jurídica del Ejecutivo antes de plantear si acudir o no a la vía contenciosa.  

Durante el encuentro, las autoridades departieron sobre la problemática que están generando las designaciones por requerimiento judicial, provocando que los letrados se vean obligados a ofrecer asistencia jurídica sin percibir ninguna remuneración por la misma, así como la casuística generada por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no están cubiertas por Justicia Gratuita pero que, en muchos casos, se trata de sociedades insolventes. Ante esta situación, Ontiveros mostró la disposición de la Consejería a trabajar con el Ministerio de Justicia, a través de un recién creado foro de colaboración, para estudiar la mejor solución, como pudiera ser el pago a los Colegios de una especie de ‘fondo de fallidos’ con el que puedan resarcir a los profesionales que se vean en estas circunstancias.

Respecto a las sedes judiciales, el delegado de Justicia compartió con la Junta de Gobierno los obstáculos que han retrasado la licitación de la actuación en La Caleta y la causa de no poder ampliar las instalaciones en el edificio de Salud contiguo, lo que ha llegado a la Delegación a plantear un plan B que permita encontrar una ubicación donde albergar al menos 10 juzgados. “No queremos parchear, sino buscar una sede que tenga capacidad de crecimiento a 20 o 30 años”, añadió Ontiveros. En concreto, Rodríguez aseguró que existen varias posibilidades, “siempre en 300 metros a la redonda de La Caleta” y se comprometió a mantener al Colegio de Abogados al tanto de cualquier novedad sobre el asunto.

En cualquier caso, Ontiveros y Rodríguez invitaron a la Junta de gobierno a presentar al Gobierno autonómico sus preocupaciones y propuestas de mejora para poder trabajar sobre datos fehacientes y en base a necesidades reales del colectivo profesional.