El Colegio clausura el I Congreso de Derecho de Consumo tras dos jornadas de reflexión sobre esta materia

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El Colegio de Abogados de Granada pone fin al I Congreso de Derecho de Consumo, una iniciativa promovida por el Grupo de Consumo de la Corporación que ha resultado un éxito, tanto por la calidad del programa, como por el aprendizaje y conclusiones emanadas de las ponencias y la alta participación en el encuentro especializado.

“El Congreso ha sido muy productivo y abre la vía a nuevos temas monográficos en una materia viva y que despierta mucho interés”, destacó el vicedecano de la Abogacía granadina, Antonio Mir, durante la clausura del Congreso, el pasado 21 de febrero, emplazando a los asistentes a una segunda edición de este foro de debate. “Consideramos que han cumplido los objetivos de este I Congreso de Derecho de Consumo y esperamos que sirva para que todos los operadores jurídicos trabajen de cara a la construcción de vías y soluciones rápidas, eficaces y sencillas que den seguridad jurídica a todos”, afirmó Mariola Aguilar, presidenta de la agrupación organizadora.

Para ello, el I Congreso de Derecho de Consumo de Granada contó con la participación de una quincena de expertos y cerca de 80 asistentes, que reflexionaron sobre esta rama del Derecho desde un enfoque multidisciplinar, llegando a interesantes conclusiones, recopiladas por Belén Burgos, miembro del Grupo de Consumo, como cierre al encuentro.

Previamente, durante la mañana, el Salón de Actos colegial acogió una amena ponencia sobre la función de la Fiscalía en la defensa de la competencia y protección de los consumidores, a cargo de Fernando Santos Urbaneja, fiscal delegado en Defensa de los Consumidores de Andalucía, que demandó durante el congreso un mayor número de fiscales especializados.
Asimismo, la jornada también contó con una mesa redonda sobre las Condiciones Generales de Contratación. En la misma, Francisco Javier Orduña, ex magistrado del Tribunal Supremo, disertó sobre la transparencia como auténtico principio rector del ordenamiento; Enrique Pinazo, magistrado de la Audiencia Provincial de Granada, llevó al foro las últimas sentencias en materia de cláusulas abusivas y ahondó en la importancia de seguir estudiando este ámbito jurídico; y Jesús Sánchez García, letrado y secretario del Colegio de Abogados de Barcelona, explicó qué es el vademécum procesal como guía y análisis para una consulta inmediata de nociones e informaciones fundamentales de ámbito procesal en la contratación seriada.

El día anterior, el programa técnico arrancó con una magistral ponencia a cargo de Elisa Pérez Vera, magistrada emérita del Tribunal Constitucional, que ofreció un acercamiento a la protección de los derechos de los consumidores desde el marco jurídico de la Constitución y su artículo 51, seguida de una mesa redonda sobre el papel de las Juntas Arbitrales y la resolución extrajudicial en el ámbito financiero. En ella, Daniel Escalona, presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, se refirió a la naturaleza mixta de estos organismos; Guillermo Orozco, presidente de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Granada, destacó la necesidad de codificación del Derecho de Consumo y el impacto de las nuevas tecnologías en este ámbito; y Francisco Cabrera, secretario de la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Granada, compartió las novedades normativas e incidió en la necesidad de contar con personal altamente cualificado.

Por su parte, Carlos Balluguera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, hizo hincapié -en su ponencia sobre la conciliación ante el registrador como mecanismo de reequilibrio del contrato de consumo- en el papel del Registro de Condiciones Generales de la Contratación como medio probatorio.

Asimismo, el I Congreso de Derecho de Consumo también incorporó un taller práctico sobre ‘Segunda oportunidad para los consumidores’, con la participación de Enrique Rodríguez Zarza, socio-director del Registro de Impagados Judiciales, que trató las consecuencias del Big Data en los medios de pago; el notario Salvador Torres Ruiz, con una intervención sobre el acuerdo extrajudicial de pagos; y el letrado granadino y doctor en Derecho Mercantil, Luis Miguel Fernández, que profundizó en el papel del abogado en el concurso de personas físicas y resaltó la necesidad de una reforma legal ante la diferencia cuantitativa entre ejecuciones hipotecarias y expedientes de segunda oportunidad.

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