Todos los operadores jurídicos preparan de forma conjunta la reactivación del sistema de Justicia en Granada

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El Colegio de Abogados de Granada impulsa el primer encuentro que se celebra a nivel nacional entre Judicatura, Fiscalía, LAJ, Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales para abordar las pautas de reanudación de la actividad judicial

Los representantes coinciden en que exigirán el cumplimiento de las medidas de seguridad y la implantación de medios técnicos a las administraciones competentes

Las autoridades jurídicas acuerdan concentrar en agosto las vacaciones de los funcionarios y evitar los señalamientos y vencimiento de plazos durante ese periodo


Todos los operadores jurídicos han mantenido esta mañana un encuentro convocado y presidido por el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes, a instancias del Colegio de Abogados de Granada, con el objetivo de aclarar las dudas y concretar las pautas de actuación de los profesionales en torno a la reactivación de la Administración de Justicia.

En concreto, junto López Fuentes y el decano y el vicedecano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera y Antonio Mir, la reunión ha contado con la presencia del juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar; el fiscal jefe provincial, Pedro Jiménez Lafuente; la secretaria coordinadora de los Letrados de la Administración de Justicia, Carlota Gómez Blanco; y los decanos de los Colegio de Procuradores y Graduados Sociales, Gonzalo de Diego y Esteban Sánchez Montoya, respectivamente.

Se trata de la primera reunión conjunta de este tipo que se realiza en España, tras la publicación ayer del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el que establece los criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación de la actividad en juzgados y tribunales, entre los que se incluye la constitución de canales ágiles de comunicación entre los órganos y los colegios profesionales.

En esta primera sesión –que los operadores jurídicos granadinos van a llevar a cabo periódicamente-, las máximas autoridades provinciales en materia de Justicia han mostrado su buena voluntad para coordinar sus esfuerzos de cara mejorar el funcionamiento de juzgados y tribunales durante y tras el estado de alarma y garantizar la protección de los profesionales y ciudadanos.

Más medios técnicos y medidas de protección

En este sentido, los representantes institucionales sostienen que la salud de las personas es lo primero, coincidiendo en que exigirán que se cumplan los parámetros de seguridad recomendados por los protocolos y guías de buenas prácticas del Ministerio de Justicia, el CGPJ y la Junta de Andalucía o, en caso contrario, se negarán a celebrar estas actuaciones judiciales.

Por ello, han demandado a la Junta de Andalucía que acondicione más salas a la situación de crisis sanitaria –ahora solo están habilitadas 4 de las 35 existentes en los juzgados- y que implemente los medios técnicos necesarios para que, una vez que la Justicia empiece a funcionar a pleno rendimiento, haya disponible el espacio y las herramientas suficiente para agilizar los procesos. “Debemos ser muy firmes en cuanto al cumplimiento de medidas de seguridad y recursos tecnológicos, porque son la base para que todos los protocolos de actuación que acordemos los operadores jurídicos sean eficaces”, ha sostenido el decano de la Abogacía granadina.

Por su parte, jueces, fiscales, letrados de Justicia, abogados, procuradores y graduados sociales se han comprometido a programar las agendas con el fin de distribuir las actuaciones judiciales y evitar aglomeraciones en las instalaciones; diseñar un calendario de actuaciones con antelación; ultimar un protocolo que están desarrollando Abogacía y Fiscalía para agilizar las conformidades; desarrollar otro protocolo para facilitar las conciliaciones en el ámbito social; o instar a la Junta a que culmine la implantación del sistema de grabación Aurea, que mejoraría notablemente la calidad en las actuaciones telemáticas. “Tenemos que cambiar la mentalidad y trabajar para conseguir una sincronización milimétrica, pues cualquier retraso en los juzgados aumentará la congregación de personas y, por tanto, el riesgo de contagio”, ha asegurado Cabrera.

Habilitación del mes de agosto

Entre las materias abordadas por las autoridades se ha tratado también la habilitación del agosto, una de las especiales reivindicaciones de abogados, procuradores y graduados sociales. En este sentido, los representantes de la Administración de Justicia han expuesto su intención de evitar los señalamientos y los vencimientos de plazos durante este mes, en la medida de lo posible, tratando de concentrar en agosto las vacaciones de los funcionarios y aprovechar la última quincena de julio y la primera de septiembre –periodos tradicionalmente con menos actividad judicial- para la celebración de cuantas actuaciones sean posibles.

“Es la mejor solución posible para agilizar el sistema, pues así evitaremos también que muchos juicios se suspendan por falta de peritos, testigos, secretarios…”, ha afirmado satisfecho del decano de la Abogacía, que ha pedido también que se eviten los señalamientos por la tarde, salvo excepciones puntuales. “Los abogados tenemos que atender a nuestros clientes y preparar los casos y si tenemos vistas mañana y tarde nos va a resultar imposible cumplir con nuestra labor”, ha explicado Cabrera.

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