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El GAJ celebra una multidisciplinar jornada sobre Derecho Penal y Estado de Alarma

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Seis ponentes se dieron cita –virtualmente- en el Colegio de Abogados de Granada el pasado 29 de junio para hablar sobre cuestiones jurídico-penales a raíz del Estado de Alarma en el marco de una jornada formativa organizada por el Grupo de Abogados Jóvenes.

El evento arrancó con la intervención de Sebastián Cerezo Cano, juez adscrito al TSJ de Cataluña, que abordó al derecho a la intimidad, protección de datos y geolocalización en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación para obtener y analizar datos de los ciudadanos con el objetivo de frenar la expansión del virus.

En concreto, el ponente se refirió a la aplicación móvil que permitiese la geolocalización de los usuarios y el estudio de movilidad a través de datos agregados y anonimizados de los operadores móviles recogidos en una orden ministerial y que han generado serias dudas sobre su legalidad. “Supone un aumento del control del Gobierno sobre los ciudadanos y, a fin de preservar toda una serie de derechos fundamentales, como el derecho a la vida o salud pública, se puede entender como una intromisión del Gobierno en la libertad de comunicación y en la intimidad personal de los ciudadanos.”, comentó. En este sentido, Cerezo Cano explicó que, en el primer caso, no habría problema alguno, siempre que su instalación y cesión de datos fuera voluntaria y cumpliera el resto de las condiciones estipuladas por la Comisión Europea, mientras que en el segundo tampoco habría conflicto normativo si respeta el criterio de anonimización, sin recoger ningún dato personal.

Las ‘fake news’ que han circulado a lo largo del Estado de Alarma fueron el segundo tema analizado durante jornada. Esta materia fue expuesta por Sofía Frieyro Elicegui, doctora en Derecho Penal, que arrancó explicando el principio de intervención mínima por el que se rige el Derecho Penal. “En una ponderación de intereses, se sigue otorgando preferencia a la libertad de opinión”, aseguró la experta. No obstante, la interviniente analizó los derechos de los ciudadanos en cuanto a libertad de opinión, expresión y comunicación y los límites que tienen para no incurrir en delitos que pueden darse en relación con las noticias falsas.

Por su parte, Sonia Martín Albà, fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Barcelona, disertó sobre el delito de desobediencia durante el Estado de Alarma. “Este periodo ha estado marcado por una gran diáspora legislativa, que ha dado lugar a un sinfín de resoluciones no uniformes entre las distintas provincias y, por tanto, creo que se ha menoscabado el principio de seguridad jurídica”, criticó la fiscal, aludiendo a continuación a los requisitos y condiciones que la jurisprudencia ha señalado para que exista y las condiciones que deben seguirse para proceder a una detención o entrada policial en domicilio a efectos de detención en relación con estos supuestos. 

Prosiguió con la acción formativa del GAJ el abogado granadino Carlos Sánchez López, centrándose en el ámbito de la violencia de género. En este sentido, el letrado compartió con los asistentes algunos datos sobre la incidencia del Estado de Alarma en los delitos de violencia de género, incrementándose un 61,5% las peticiones de ayudas a los servicios de asistencia a estas víctimas, entre otros. “Un informe de ONU Mujeres advertía que las medidas de prevención, como la cuarentena o el aislamiento, iban a exacerbar la violencia contra las mujeres y niñas, por el simple hecho de que las víctimas se encuentran encerradas con sus maltratadores”, señaló Sánchez López, para pasar a desglosar los servicios, ayudas y medidas puestos en marcha con motivo de la pandemia a nivel nacional y autonómico.

Tomó después la palabra Ángela Viéitez López, juez adscrita al TSJ de Castilla-La Mancha, que trató las dificultades de la investigación criminal ‘ab initio’ en supuestos de homicidio durante el Estado de Alarma. Tras una introducción sobre el concepto, objetivos y características de la investigación criminal, la juez se refirió a la problemática que se ha producido en ese servicio declarado esencial, por las dificultades que ha supuesto llegar a un equilibrio entre los protocolos de actuación y recomendaciones higiénico-sanitarias adoptados o el propio miedo al contagio de los investigadores durante la inspección del lugar de los hechos, la exploración del cuerpo del delito o la intervención sobre sospechosos y detenidos, y el mantenimiento de la calidad del servicio.

Por último, antes del turno de preguntas, Ana Isabel Flores García, juez adscrita al TSJ de Castilla-La Mancha., clausuró la jornada con una ponencia sobre la salvaguarda de los derechos del detenido durante el Estado de Alarma, en la que dio a conocer la normativa y recomendaciones surgida durante este periodo en relación con este ámbito y recordó los derechos de los detenidos a asistencia letrada y de tratamiento por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “El Estado de Alarma no justifica en ningún momento limitaciones de los derechos de las personas detenidas”, concluyó la ponente.

Puede acceder al vídeo de la jornada, en este enlace.