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El letrado granadino Torcuato Recover interviene como experto en la Comisión del Justicia del Congreso
- miércoles, 21 de octubre de 2020
- 1. Institucional
El letrado defiende la importancia de adaptar el ordenamiento jurídico español a las normas internacionales en cuanto al concepto de capacidad jurídica de este colectivo
La Comisión de Justicia de Congreso de los Diputados comenzó el día 20 de octubre con el debate del Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y en dicha sesión la Abogacía granadina estuvo representada por el colegiado Torcuato Recover Balboa.
El letrado del Colegio de Abogados de Granada, fue convocado como experto, en su calidad de asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y en representación de la entidad Plena Inclusión, e intervino en la comisión justificando la procedencia de la aprobación del indicado Proyecto de Ley, con el que se pretende, según manifestó, la adaptación del Derecho español a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue ratificada por nuestro país en 2008.
En este sentido, Recover destacó que se trata de un proyecto fundamental, que supera la distinción tradicional entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, al asumir la proclamación que realiza la Convención de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto, lo que va permitir incorporar al ordenamiento jurídico español un modelo fundado en los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica que respete los postulados del fundamental artículo 12 de la Convención.
Por eso, el colegiado insistió en la necesidad de modificar el sistema del Código Civil (superando el modelo médico excluyente) por el de la Convención (modelo social), lo que evitará que el propio ordenamiento jurídico aumente la problemática de la discapacidad y el impacto traumático que generan hasta ahora los procedimientos en las personas con discapacidad y su entorno. Asimismo, defendió la urgencia de una modificación legal que llega con demasiado años de retraso y que ha de ser aplicada en su consideración de derechos humanos básicos, como lo proclama la propia Convención