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Los colegiados descubren cómo perseguir la ciberdelincuencia en materia de violencia de género

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La jornada contó como ponentes con María de la Paz Corral Hermoso, fiscal adscrita al Juzgado Mixto nº 3 de Motril, y Francisco Rodríguez Gómez, inspector jefe del GIT de Granada


La expansión del uso de las nuevas tecnologías conlleva, a su vez, un incremento de la ciberdelincuencia. De hecho, según datos del Gobierno, en 2022 se cometieron 375.506 ciberdelitos, un 352% más que en 2015. Una tendencia a la que no es ajena la violencia de género, por lo que el Grupo Especializado de Derecho de Violencia de Género dedicó a esta materia su primera jornada tras la renovación de la Junta Directiva.

La actividad formativa, presentada por la presidenta y el vocal de la agrupación, María José Adán-López y Juan Fernando Hernández, contó para ello con dos ponentes de excepción: la fiscal María de la Paz Corral Hermoso, adscrita al Juzgado Mixto nº 3 de Motril, y Francisco Rodríguez Gómez, inspector jefe del Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de la Policía Nacional de Granada.

Corral Hermoso comenzó su intervención aclarando las definiciones básicas sobre ciberdelincuencia y violencia de género y repasó algunos datos que evidencian la relación entre estas dos conductas ilícitas. Así, según el Estudio sobre Violencia de Género Digital, del Observatorio Española de Delitos Informáticos, en el 72% de los casos en el que las mujeres denuncian haber sufrido violencia informática, el origen procede de su expareja y los principales delitos que se cometen contra el colectivo femenino son amenazas y coacciones, acceso e interceptación de telecomunicaciones o acoso. Una realidad que responde a la fácil accesibilidad a la víctima que propician las plataformas digitales, según puntualizó la fiscal, que también explicó los tipos agravados por razón de violencia de género y la agravante genérica del artículo 22.4 del Código Penal de discriminación por razón de género que se puede aplicar a su vez a los tipos comunes. La experta culminó hablando sobre las medidas cautelares y condenas para lograr el objetivo de proteger a la víctima y pautas sobre la prueba electrónica y obtención de evidencias por parte de los abogados.

Por su parte, Rodríguez Gómez compartió con los asistentes a la jornada, tanto en formato presencial, como online, las dificultades que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de exigir el cumplimiento del deber de colaboración que tienen las grandes compañías tecnológicas. “La vida online es la selva y, en gran parte, está fuera de nuestra jurisdicción”, lamentó el inspector en referencia a los problemas que existen en la práctica para eliminar las publicaciones del acceso público, para conseguir datos de identificación del autor o incluso para la propia aplicación de las resoluciones judiciales por parte de las grandes plataformas de internet y redes sociales, aportando para finalizar los cauces procedimentales que se deben adoptar para lograr la información que agentes o letrados precisan en materia de ciberdelincuencia en violencia de género.

Puedes acceder al vídeo de la jornada en este enlace.