El canal de denuncias y la protección del informante de la Ley 2/2023, objeto de análisis del Foro Compliance

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El encuentro jurídico estuvo organizado por el Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Granada en colaboración con Ebísum y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción


El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 2/2023 reguladora de la protección de los denunciantes y canales de denuncia, una norma que establece, a partir del 13 de junio, la obligación a entidades públicas y privadas de disponer de un canal de denuncias para que aquellas personas con las que mantengan una relación laboral o profesional puedan alertar, denunciar o informar sobre presuntas infracciones. Y sobre esta nueva ley, que traspone la Directiva 2019/1937 (conocida como la Directiva Whistleblowing), y sobre la protección del informante versó el Foro Compliance organizado por el Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Granada, en colaboración con la legal tech Ebísum y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

“La entrada en vigor de la Ley 2/2023 supone un impulso notable a la extensión de la obligación de compliance en instituciones públicas y privadas, obligando a disponer de un canal de denuncias que garantice el anonimato y la protección del informante”, comentó el presidente de la agrupación, Manuel Peña Zafra, durante la inauguración del encuentro jurídico el 25 de mayo. “Todo tipo de control es poco y el futuro no está en el reproche sancionador o penal, sino en el establecimiento del marco de la prevención tanto normativa, como institucional”, añadió el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol Sánchez.

De ahí la importancia de contar con profesionales cualificados en una materia transversal, que incluso trasciende el ámbito jurídico, a través de formaciones como esta iniciativa, en la que se aportó la visión de la empresa privada y pública, de la entidad supervisora, del asesor externo y de las soluciones tecnológicas existentes, según destacó Rafael Pérez Ortega, abogado y CEO de Ebísum, una empresa de base tecnológica que ha diseñado una plataforma que cumple con los requerimientos de esta norma.

En este sentido, el Foro Compliance arrancó con una mesa de expertos enfocada al análisis jurídico-práctico de la norma. En concreto, Marta Blázquez Expósito, directora adjunta de la Oficina Andaluz contra el Fraude y la Corrupción explicó los objetivos, principios inspiradores, ámbito material, organizaciones obligadas y régimen sancionador de la Ley 2/2023. Jorge Manrique de Lara Jiménez, coordinador de la Sección de Prevención del Blanque de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga, profundizó en el sistema interno de gestión de comunicaciones, con especial referencia a los requerimientos legales, el alcance operativo, la figura del responsable del canal y las investigaciones internas. Las medidas de protección y los derechos del investigado, así como el régimen sancionador en estos supuestos, fueron desgranadas por Jenifer Pérez Garrido, jefa de la Asesoría Jurídica, Contratación y Compras del Metro de Málaga, mientras que Pérez Ortega dedicó su intervención a hablar sobre los requisitos organizativos y de infraestructura técnica que establece la legislación.

Tras este primer bloque, Puyol Sánchez continuó el foro abordando el canal interno de la Administración Pública de Andalucía y el canal externo desde el prisma de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. En concreto, el también magistrado de la Audiencia Provincial de Granada compartió con los asistentes el funcionamiento del organismo, creado para promover y facilitar una cultura de la ética y la integridad pública, entre otros fines. “Empieza a tener un papel muy relevante la configuración del auténtico compliance de la Administración a través de la directiva”, aseguró.

Para finalizar, el Foro Compliance concluyó con un coloquio sobre la actualidad práctica de la normativa entre profesionales inscritos y el panel de ponentes, a los que se sumó Lola Molina Hernández, compliance officer de Emasagra.

Puedes acceder al vídeo de la jornada en este enlace.