El Congreso de Abogados Jóvenes analiza el turno de oficio, la prevención del blanqueo, la LAU y el planteamiento de recursos

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Una jornada completa. Esa es la mejor definición de la primera parte del Congreso de Abogados Jóvenes de Andalucía, que ha analizado temas de rabiosa actualidad como el impacto real y judicial de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la adaptación de los despachos a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, la situación del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita y el planteamiento procesal de recursos.

La Federación de Andaluza de Jóvenes Abogados (FADEJA) y el Grupo de Abogados Jóvenes de Granada se han encargado de contar con grandes expertos en cada uno de los temas planteados durante el congreso. En esta primera jornada, el programa científico arrancó con Daniel Loscertales, presidente de la Editorial Sepin y abogado experto en Arrendamientos Urbanos, que habló sobre la LAU y la reforma de la Ley 4/2013, analizando el impacto en el vencimiento de contratos y en el tejido comercial de renta antigua. Loscertales indicó durante su ponencia que no es cierto que la entrada en vigor de la LAU en su totalidad tal y como fue planteada hace 20 años haya supuesto el fin de todos los contratos de locales comerciales por el hecho de que tengan o no renta antigua, ya que el fin de la moratoria depende de si los arrendatarios son personas físicas (en cuyo caso no vencen los contratos, a menos que haya habido subrogación o traspasos) o personas jurídicas, que en función de las circunstancias pueden contar con un plazo moratorio adicional de cinco o diez años.

"El arrendador suele estar conforme con que siga su arrendatario porque tiene garantías, puede contar con una renta estable, conoce a los inquilinos y le pagan bien", aseguró Loscertales, que reconoció que el fin de la moratoria sí ha dado lugar a la apertura de procesos de negociación entre arrendadores y arrendatarios para "renegociar los acuerdos y actualizar las rentas", pero no se ha producido, como se alertaba desde diferentes ámbitos, un cierre masivo de negocios por este motivo.

Tras la conferencia sobre la LAU, los asistentes al Congreso tuvieron la oportunidad de debatir sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales con Francisco L. Bonatti, abogado y secretario ejecutivo del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Bonatti comenzó su ponencia poniendo en contexto las obligaciones que tiene un despacho de abogados frente al blanqueo en virtud de la normativa de Prevención; recordando el régimen de responsabilidad de los despachos en caso de comisión de errores de cumplimiento, que va desde la imprudencia penal hasta la infracción administrativa; y las pautas de control que marca la normativa administrativa y penal para evitar estos fallos.

En este sentido, Francisco Bonatti abordó la problemática que se produce como consecuencia de la colisión entre el Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que "lanza el mensaje de que prácticamente no hay que tener mecanismos de control", y la entrada en vigor el próximo julio del Código Penal, que establece "todo un régimen bastante duro y estricto para los despachos de abogados". Ante esta "inseguridad jurídica" para afontar la prevención por parte de despachos pequeños o profesionales individuales, Bonatti recomendó atender al artículo 31 bis del Código Penal, por lo que aconsejó optar por los sistemas de compliance, que versan más sobre "la concepción de la profesión y la gestión" que sobre la complicación documental.

Tras un almuerzo de trabajo en el Carmen de los Chapiteles, los jóvenes congresistas regresaron al salón de actos de la sede colegial de Santa Ana para asistir a una mesa redonda sobre el futuro de la Abogacía Joven en el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, dirigida por el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CADECA y decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres.

El decano de Granada comenzó su intervención recordando que el Turno de Oficio ha sido tradicionalmente un "soporte fundamental" para los abogados jóvenes, que encuentran en la Justicia Gratuita un lugar de aprendizaje insustituible, así como una fuente de ingresos y procedimientos para cimentar las bases de su carrera profesional. Eduardo Torres apuntó que, tal y como establece la actual Ley de Justicia Gratuita, el Turno de Oficio es "un servicio público financiado con fondos públicos", que debe ser "digna y suficientemente remunerado" y que debe pagarse en tiempo y forma. Al respecto, el decano de Granada recordó que esto no ha sido lo habitual y que precisamente este año "se ha hecho historia", ya que el CADECA ha conseguido que la Junta de Andalucía, por primera vez, esté al corriente de pago de los servicios de AJG y se cumpla con un calendario de pagos pactado con la Abogacía. Además, el decano recordó que el Consejo andaluz ya está negociando con la administración autonómica la actualización del baremo y la inclusión de nuevas actuaciones, como la Mediación, que actualmente no se encuentran sujetos a la Justicia Gratuita.

En su exposición, el decano de Granada recalcó la importancia de un servicio fundamental para los ciudadanos que en Andalucía llevan a cabo 8.721 letrados, que realizan una labor encomiable e inmejorable. De hecho, Torres garantizó, respondiendo a los periódicos rumores de privatización del servicio, que "la Abogacía no va a perder la organización del Turno de Oficio", entre otras cosas porque ningún otro operador podría gestionarlo de forma tan eficaz.

En la misma línea se pronunció el decano del Colegio de Abogados de Málaga, que recordó que el servicio que ofrecen los abogados de oficio está "muy bien valorado" por los ciudadanos, lo que demuestra que el colectivo, en el que se encuentran muchos abogados jóvenes, lleva a cabo un servicio que, con sus defectos, "es el mejor del mundo". Lara, que analizó también el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita y adelantó que el nuevo texto recoge prácticamente todas las enmiendas planteadas desde el CGAE, apostó por que la Abogacía "sea beligerante" (como lo ha sido en la lucha contra la Ley de Tasas), teniendo en cuenta que "la Justicia sigue siendo la hermana pobre de la administración".

El cierre formativo de la primera jornada corrió a cargo del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA Miguel Pasquau, que habló sobre el planteamiento procesal de los recursos, las estrategias para tener éxito y la importancia de saber analizar e invocar la jurisprudencia. El magistrado ofreció una visión "desde el otro lado", reflexionando sobre los vicios y virtudes" que cometen los abogados a la hora de formular un recurso, tanto desde el punto de vista formal como del argumentativo.

El primer paso para asegurarse una buena recepción del recurso, es "reflexionar sobre cómo leemos la sentencia que no nos da la razón", porque precisamente en esa lectura "se empiezan a perder muchos recursos". Según Pasquau, es muy habitual que la sentencia se lea "de forma frívola, minimizando el bien razonado y sobredimensionando cualquier pequeña omisión o argumento mal expuesto". Además, resulta fundamental "seleccionar bien los argumentos, no apelotonarlos" para no acabar presentando un recurso plano, "sin profundidad". Otra clave, quizá la más importante, es "el estudio de la jurisprudencia, su valoración y su invocación", ya que se está produciendo "un deterioro" enorme en el valor de la jurisprudencia en los escritos de abogados, a pesar de que "un buen argumento jurisprudencial es oro de ley para un recurso".

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