Una jornada pormenoriza las obligaciones de los letrados en materia de prevención del blanqueo de capitales

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El Grupo Especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Granada celebró en la tarde del 26 de abril una nueva sesión formativa en la que abordó las obligaciones de los letrados en materia de prevención del blanqueo de capitales desde una perspectiva práctica.

Para ello, la jornada contó con la intervención del abogado y presidente de Apreblaca (Asociación Española de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), Luis Manuel Rubí Blanc, uno de los mayores expertos del país en esta materia, quien explicó a los presentes cuáles son las obligaciones formales que deben cumplir los letrados como sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, entre las que se encuentran la identificación del cliente, el análisis de su actividad económica, la comprobación de que lo que hace es coherente con dicha actividad, la formación de su personal para detectar operaciones sospechosas y, en su caso, la comunicación al Banco de España de estas operaciones. “En definitiva, se trata de colaborar con la autoridad pública para detectar posibles casos de blanqueo de capitales, muy particularmente en el aspecto de la corrupción, porque el sistema establece controles adicionales cuando las personas con las que el letrado se relaciona tiene responsabilidades de carácter público”, comentó el también miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Asimismo, el que fuera administrador judicial del Atlético de Madrid, cuando la Audiencia Nacional destituyó a Jesús Gil y todo su Consejo de Administración, también adelantó las novedades que contempla el proyecto de reforma de la normativa en prevención del blanqueo de capitales, como la regulación de las criptomonedas  o de las transacciones en determinadas plataformas de internet.  Respecto a los abogados, Rubí aclaró que la futura legislación conllevará una obligación muy específica que afectará a todos los letrados. “Se nos va a someter a la obligación de inscribirnos en el Registro Mercantil y declarar cada año, con ocasión del cierre de las cuentas del despacho, ciertas transacciones, como la creación de sociedades o el ejercicio en funciones de secretario en una sociedad, operaciones que normalmente hacemos los abogados”, apostilló el inspector de Hacienda en excedencia, que considera que la normativa pretende “que el colectivo colabore de un modo intenso con las autoridades para perseguir los delitos y que no utilice el servicio del abogado para actividades ilícitas”.

En caso contrario, estos profesionales se enfrentan a consecuencias en tres órdenes distintos: por un lado, a una infracción administrativa que puede llegar, en la actualidad, al millón y medio de euros en casos muy graves y que la reforma va a elevar hasta los cinco millones de euros; por otro, a la posibilidad de cometer un delito de imprudencia si el letrado no hace los deberes en materia de prevención y su cliente está imputado o vinculado con actividad ilegal; y, en tercer lugar, el daño reputacional que acarrea una sanción de este tipo para un despacho o profesional.

En este sentido, el ponente resaltó la labor de difusión y concienciación que se está llevando a cabo por parte de Abogacía Española para facilitar el cumplimiento de las obligaciones por el colectivo y adelantó que el CGAE está promoviendo la creación de un órgano centralizado de prevención que asesore y ayude a los letrados y les permita hacer una interlocución con la autoridad financiera. “En general, la conciencia del colectivo está modificándose y esperamos que vaya mejorando de modo progresivo”, concluyó Rubí.

Por su parte, el presidente del Grupo Especializado de Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, José Antonio Sánchez, aprovechó la jornada para mostrar a los asistentes la nueva versión del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales que ha puesto en marcha el Consejo General de la Abogacía Española, a través de Red Abogacía. Se trata de una herramienta gratuita que entró en funcionamiento el pasado 19 de abril con una interfaz más sencilla e intuitiva y que permite a los letrados cumplir con sus obligaciones en la materia, en su condición de Sujeto Obligado establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y recibir asesoramiento jurídico personalizado sobre el blanqueo de capitales a través del módulo de consultas de la Normativa aplicable.

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