Los colegiados se forman en el proceso contencioso-administrativo a través de una jornada del GAJ

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El proceso contencioso-administrativo ha sido el eje conductor de la jornada organizada por el Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Granada a lo largo de toda la mañana del pasado 25 de enero, un evento formativo que contó con tres interesantes y prácticas ponencias y una gran asistencia de público.

Tras la presentación de la jornada por la presidenta de la agrupación, Cristina Gallego –tras la renuncia al cargo de Paloma Mendoza el 28 de diciembre-, la actividad comenzó con la intervención del magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Granada, Antonio Iglesias Martín, que se centró en los problemas actuales en la jurisdicción contencioso-administrativa. Dentro de esta temática, el ponente realizó una especial referencia al Impuesto sobre el Incremento de Naturaleza Urbana (la conocida como plusvalía municipal), comentando supuestos de sujeción del tributo, la naturaleza del suelo urbano, la necesidad de valoraciones catastrales al aplicarse la valoración del IBI, así como las sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero y 11 de mayo de 2017. “Aunque el Constitucional puntualizó que el tributo no desaparecía de la vida jurídica, sí que dijo que eran inconstitucionales varios preceptos, en la medida en que sometían a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica”, señaló el experto.

Asimismo, Iglesias Martín también abordó las particularidades en materia de extranjería, señalando la problemática que está suscitando la designación por parte del Turno de Oficio de la representación de procuradores y abogados, la cuestión de las autorizaciones de larga residencia en circunstancias excepcionales de ciudadanos saharauis y la delegación de la autorización por circunstancias excepcionales a los extranjeros porque la Administración considera que no tiene viabilidad económica el contrato.

La jornada continuó con la intervención de Mercedes Rodríguez Vázquez, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Granada, que profundizó en los aspectos prácticos del procedimiento abreviado, hablando sobre los requisitos para acceder a esta vía y desarrollando las fases que se llevan a cabo a lo largo del mismo (demanda, remisión del expediente administrativo, apertura de la vista, alegaciones, prueba, documentación, exposición …). Junto a esto, la ponente prestó atención a los problemas que presenta cuantía del recurso para todos los operadores jurídicos, “un aspecto muy importante porque afecta el procedimiento a seguir, al acceso a recurso de apelación, al cálculo de las costas e incluso a la competencia objetiva”.

El último invitado en participar en la jornada fue Ángel Gollonet Teruel, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que compartió con los presentes los fallos frecuentes en el proceso contencioso administrativo, con el objetivo de que los letrados granadinos puedan depurar errores habituales, mejorando el nivel jurídico del colectivo. En este sentido, el ponente destacó que el principal fallo que cometen los abogados en la jurisdicción contencioso-administrativa es el desconocimiento que, algunas veces, tienen sobre las reglas específicas de esta rama del Derecho y que afectan a aspectos como apoderamientos, fijación de la cuantía, formato de la representación, causas de inadmisibilidad, la posibilidad de que se introduzcan motivos nuevos -pero no cuestiones nuevas-, los límites de tasación de costas… “Estas prerrogativas de la Administración Pública hacen que el proceso tenga unas reglas especiales y, muchas veces, se ignoran o no se conocen y esto termina en un perjuicio para el cliente, y en la actualidad –aunque la especialización está muy bien-, los abogados tienen que ser multidisciplinares”, comentó Gollonet.

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